DE MALOS TRATOS EN LAS PRISIONES CATALANAS
Y DEJA EN RIDÍCULO A AMNISTÍA INTERNACIONAL CATALUÑA
A LOS QUE CALIFICA DE “MUY PELIGROSOS"
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Eduard
Ibáñez, presidente de la prestigiosa ONG catalana Justícia i Pau, denunció ante los informativos de TV3 la presunta
existencia de un grupo de funcionarios que consideran la violencia y la
mano dura métodos apropiados para gobernar las cárceles. Aclaró que
se trata sólo de una minoría de trabajadores, pero “peligrosos”.
Estas declaraciones se añaden al informe elaborado por Justícia
i Pau a finales del 2002, donde apuntaba a ciertos sectores del
sindicalismo como responsables del endurecimiento de las condiciones de
vida en las prisiones de la
Generalitat
de Catalunya. Las cárceles catalanas viven en una crisis permanente desde el polémico cese de Ignasi García Clavel como director general. Entre los años 1999 y 2003 se produjo una auténtica “regresión punitivista” en la política penitenciaria convergente, pilotada por la democristiana Núria de Gispert y que se ha traducido en decenas de denuncias por malos tratos. Las declaraciones de Eduard Ibáñez ante TV3 se enmarcan en el contexto de la investigación que el Observatorio de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona está realizando sobre presuntas vulneraciones de los derechos humanos tras el segundo motín de Quatre Camins el pasado mes de mayo.
AMNISTÍA
INTERNACIONAL SIGUE ENCUBRIENDO A LAS ORGANIZACIONES NACIONALISTAS E
INDEPENDENTISTAS CATALANAS RESPONSABLES DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA
BAJO EL MANDATO DE JORDI PUJOL
Por
su parte, Amnistía Internacional persiste en su reprobable actitud de
ignorar los hechos a pesar de las evidencias aplastantes. Esta ONG conocía
desde el año 1999 la situación de las cárceles catalanas y la
existencia de las situaciones escandalosas que ahora aparecen en las
cabeceras de los diarios y en los informativos de la televisión. Sin
embargo, la presencia de elementos nacionalistas e independentistas en
la cúpula de la organización, de acuerdo con el más puro estilo del
denominado “oasis catalán”, ha sido muy útil para que los auténticos
responsables del desastre, dirigentes políticos y sindicales del
catalanismo, salgan impunes. En la actualidad, Amnistía Internacional
Catalunya es una oficina propagandística donde sólo se denuncian los
presuntos malos tratos a terroristas catalanes detenidos por la policía
española. Sin embargo, cualquier crítica a esta ONG es considerada
inaceptable por sus actuales gestores. Amnistía ni siquiera se ha
dignado a responder, de manera razonada, al informe que en el año 1999
le hizo llegar la Associació
Democràtica Catalana de Funcionaris de Presons (ADECAF), el cual ha
servido de base al informe de la Universidad de Barcelona sobre malos
tratos en las cárceles catalanas. Cuando, después de cuatro años,
ADECAF exigió una respuesta, Amnistía Internacional tuvo la desvergüenza
de responder que semejante reclamación era una “amenaza”. Al
parecer no se les pueden poner plazos a los santones progresistas que
ocultan la porquería del poder a cambio de futuras prebendas
administrativas. Queremos recordar que Amnistía Internacional Catalunya es la matriz de esta organización en todo el Estado Español. La sección catalana de AI España hizo su aparición en la escena pública en los años sesenta con una campaña pidiendo la liberación del banquero Jordi Pujol, encarcelado por las autoridades franquistas. Era difícil que, en estas circunstancias, prosperara una denuncia que afecta precisamente al propio Jordi Pujol en calidad de gobernante. En efecto, encaramado en el poder y gestionando prisiones en las que los derechos humanos han sido aplastados durante veinte años, ha conseguido también que Amnistía Internacional Catalunya, “su” ONG amiga, mirara hacia otro lado. Así, en 1998 el Sr. Jordi Montaner, a la sazón presidente de Amnistía Internacional Catalunya, reconoció que “en el tema de las cárceles catalanas” esta ONG no había hecho “absolutamente nada” (sic) desde los traspasos de competencias penitenciarias al gobierno Pujol en 1984. Catorce años de “humanitaria” inactividad que la Generalitat, agradecida, conmemoró con la celebración del treinta aniversario de esta ignominia.
La primera denuncia por vulneraciones de los derechos humanos en las cárceles
catalanas fue presentada por ADECAF en 1999, pero el documento terminó
en la papelera hasta que Montaner fue “amenazado” con una denuncia
ante el Secretariado Internacional por su actitud de complicidad con el
gobierno pujolista. Sólo entonces se dignó a cumplir con el mandato de
la organización y a enviar el texto a los investigadores de Londres.
Sin embargo, las presiones para tapar el tema continuaron en la capital
británica. Conviene no olvidar que entre los dirigentes del sindicato
denunciado se contaba nada menos que Ignasi de Gispert, hermano de la
consellera de Justícia Núria de Gispert. En consecuencia, el informe
ADECAF fue arrinconado años y años, sin justificación alguna. Únicamente
los escándalos en los medios de comunicación, que no cesaron pese a
los dispositivos de filtro del “oasis”, pusieron otra vez sobre el
tapete la versión insobornable de ADECAF. Entonces, la Generalitat de Catalunya movió cielo y tierra para evitar una
condena de Amnistía que hubiera representado otra mácula en la carrera
del corrupto Pujol. En el año 2001, un socio de Amnistía Internacional, el Sr. Ramon Parés, fue nombrado nuevo director general de prisiones en sustitución del corporativista Francesc Jiménez i Gusi. Sin embargo, los dirigentes nacionalistas catalanes no aprendieron la lección, de manera que, en lugar de atacar el corporativismo para cortar de raíz los malos tratos, se dedicaron a perseguir a los funcionarios denunciantes a fin de comprar la “paz sindical” en las prisiones y silenciar las voces críticas. Bajo el mandato del socio de Amnistía prosiguió así la política de endurecimiento de las condiciones de vida de los presos y el mobbing a los trabajadores comprometidos con la legalidad. Ramon Parés nunca quiso recibir a los miembros de ADECAF, a pesar de que también eran socios de la misma ONG. A principios de 2001, los funcionarios de ADECAF se dieron de baja de Amnistía Internacional como protesta por el silencio cómplice de esta organización. Finalmente, tras años y años de espera, ADECAF denunció la connivencia de Amnistía Internacional con el poder establecido, y lo hizo en un concierto donde se celebraba el nacimiento de esta ONG en Cataluña pocos días después de que la Universidad de Barcelona confirmara la validez del informe presentado el año 1999 y que los acontecimientos posteriores (fugas, motines, denuncias por malos tratos, etc.) no habían hecho sino corroborar hasta la náusea.
En mayo de 2004, ADECAF recibió una carta, sin fecha, de un miembro
del comité ejecutivo de AI en Madrid, el Sr. Juan Lucas, donde se
sostenía que Amnistía Internacional no puede tolerar de nadie las
“presiones” (¡después de cuatro años de espera!) que ha realizado
ADECAF al exigir una
respuesta
a su denuncia. Por lo que respecta a las amenazas, queremos reiterar que
un miembro de Amnistía Internacional, el Sr. Fernando Bermejo, afirmó
ante testigos que si ADECAF continuaba criticando a esta sacrosanta ONG,
la cual al parecer goza de inmunidad metafísica por decreto propio, los
responsables de Amnistía encargados de revisar las denuncias ya no harían
caso de los escritos de ADECAF. A nosotros nos importan muy poco este
tipo de “intimidaciones”, porque la verdad es que Amnistía,
siguiendo lacayunamente las instrucciones telefónicas del poder, nunca
ha hecho caso de los escritos de ADECAF, pero conviene subrayar que la
amenaza del Sr. Bermejo, un sujeto que decía actuar por cuenta propia,
se cumplió a rajatabla cuando nos pusimos en contacto con la Sra. Flori
Estévez, de AI Catalunya, y ésta nos espetó que “ya no quiero saber
nada de las denuncias de ADECAF”. Y es que el informe de la
Universidad de Barcelona corroborando punto por punto el texto de ADECAF
le había hecho subir los colores. En definitiva, hemos comprobado que,
en Cataluña, finca privada de los nacionalistas, la veracidad y
gravedad de las denuncias no importa, lo que verdaderamente cuenta es
quién las firma y, sobretodo, a quién perjudican.
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