ADECAF, 23 de abril de 2006

  La agresión global a los trabajadores

y el sindicalismo corrupto

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Los fundadores del grupo de debate Nueva Crítica de ADECAF estamos muy preocupados por la degeneración burocrática y el entreguismo partidista de las grandes centrales denominadas “nacionales” y/o “de clase”. Nueva Crítica pretende convertirse en un foro de discusión de los sindicalistas y trabajadores de todas las sensibilidades ideológicas, con el único objetivo de contribuir, entre otras cosas, a la refundación del sindicalismo como lo que siempre fue en sus mejores tiempos, a saber: una herramienta al servicio del pueblo y no una correa de transmisión de los partidos.  

Distinguimos entre el sindicalismo político, aquel que lucha por transformar la sociedad, del sindicalismo politizado, prostituta de la derecha económica y de la izquierda burguesa. Sería falso considerar que los avances sociales de los trabajadores europeos han sido obra de los partidos de extrema izquierda, totalitarios y hostiles al sindicalismo, o de los políticos reformistas. En realidad, cuando la izquierda democrática ha hecho algo al servicio de los trabajadores, ha actuado a remolque presionada por los sindicatos o porque los sindicatos mismos han erigido en su seno una organización política propia como instrumento de lucha. Es el caso del laborismo en Inglaterra o del partido socialdemócrata alemán. Pero una vez en el poder, dichos partidos han sabido girar la tortilla, han convertido los sindicatos en apéndices burocratizados de la organización política y han hecho de los dirigentes sindicales unos meros aspirantes al cargo parlamentario o funcionarial, mientras las centrales como tales quedaban atrapadas en la lógica perversa de la subvención estatal.  

Por tanto, el sindicalismo debe volver a la trinchera. Si el sindicalismo fue el que, con grandes sacrificios humanos, consiguió afianzar en Europa unas mínimas condiciones de decencia humana para los trabajadores, no podemos tolerar que el neoliberalismo, aquel más abiertamente derechista o el que se nutre de sus cómplices burgueses de izquierda, nos retrotraiga con su política de inmigración, su proyecto de americanización de Europa y de desregulación del mercado de trabajo, etcétera, a la situación vivida por los obreros en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX.  

Frente al sindicalismo politizado, queremos un sindicalismo político capaz de restablecer los derechos democráticos de la huelga política, actualmente ilegal. Frente al estado de excepción social, la respuesta implacable de la gente. Frente a un capitalismo financiero que nos agrede sin compasión, que busca con oscilante lengua de perro la privatización de los servicios públicos, los contratos a tiempo parcial, el encarecimiento de la vivienda (que engorda a los bancos con la nueva servidumbre de la gleba denominada hipoteca), el tráfico de esquiroles y la impunidad de la corrupción, demandamos el retorno a la tradición del sindicalismo rupturista, y no precisamente al servicio de los denominados grupos marginales, sino de la inmensa mayoría de la población, los trabajadores de la nación, que pagan con su esfuerzo unos servicios sociales que el sistema intenta ahora arrebatarles o dilapidar hasta la bancarrota con quienes nunca han contribuido a su sostenimiento.  

Pero nuestro sindicalismo no se limita al trabajo. El trabajo es sólo uno de los ámbitos donde los ciudadanos deben exigir su derecho a la participación, la fiscalización y el control. El otro ámbito es la ciudad, el municipio. Allí propugnamos la aparición de sindicatos de vecinos que intervengan en el ayuntamiento, que desenmascaren la criminal especulación del suelo, que pongan en la picota a esas mafias de ladrones que son los partidos oficiales y que, en definitiva, luchen sin descanso por el derecho de las personas a ejercer su soberanía como miembros del pueblo, a proteger ese valor fundamental, la libertad, secuestrado cada cuatro años por los delincuentes con corbata que nos gobiernan, a hacer efectivo un celebérrimo principio tan invocado como pisoteado, el de la voluntad popular, que no es sólo una garantía de bienestar económico, sino, en primerísimo lugar, de justicia y dignidad personal.

Alta la bandera

La meta última del sindicalismo nacional es la restauración de la familia como célula básica de la sociedad responsable de la parte más importante de la educación humana, a saber, la transmisión de valores éticos racionales. De nada valen, en efecto, unos individuos que pese a tener un acceso relativamente fácil a la educación superior, se han convertido ya a los veinte años en unos auténticos canallas sin escrúpulos, sólo preocupados, en el mejor de los casos, por acaparar objetos de consumo, y en el peor, por saquear el mundo, tomando como modelos cinematográficos a auténticos delincuentes, drogadictos y a toda la cínica escoria marginal que el sistema, de forma alevosa, propone siempre como paradigma humano. Entre unos y otros –es decir, entre los futuros políticos mafiosos o putrefactos gestores del sistema y los grupos marginales, “carne de presidio” (Marx) y parásitos de la subvención-, los trabajadores, las familias, representan la última reserva moral de una Europa en decadencia. La institución familiar implanta en la psique humana los estratos más fundamentales del espíritu (Geist, en alemán), condición de posibilidad de la persona y, a fortiori, del ciudadano. Y es que nuestra sociedad necesita urgentemente ciudadanos de verdad. Ante la masa amorfa de meros consumidores, ante el “no importa” y la claudicación moral de un mundo que se hunde, queremos levantar la bandera popular de la civilización, cives, raíz latina de la palabra ciudadano. Ahora bien, para ello necesitamos familias nacionales y un nuevo sistema educativo que transmita valores éticos y no esa picaresca existencial maquiavélica de la que los políticos son el primer y más lamentable ejemplo.  

El movimiento sindicalista nacional debe por tanto promover un control ciudadano sobre la vida pública a través de formaciones políticas a su servicio, un control de la vida laboral mediante el derecho de huelga política y la fiscalización del respeto a las leyes vigentes, un control de la gestión municipal a fin de atajar la corrupción que encarece un bien básico de la persona, la vivienda, fundamento físico de la vida colectiva. Mas todo ello debe encaminarse a hacer posible que la institución familiar desarrolle sus funciones de la forma más adecuada posible y sea capaz de educar ciudadanos comprometidos, es decir, aquella “materia humana” de que se nutre el pueblo y, consecuentemente, la soberanía nacional, pilar central de una sociedad democrática.  

ADECAF

Barcelona, 23 de abril de 2006