Informe ADECAF a Amnistía Internacional

Los documentos a que se refiere el presente texto están a disposición de quien desee contrastar la veracidad de las informaciones expuestas. Interesados escribir a

adecaf@adecaf.com

Algo, sin embargo, está claro. El sistema de rehabilitación ha fracasado y eso es así por mucho que la Administración se empeñe en negarlo. Pero, no obstante lo anterior, se siguen abominando sistemas como el norteamericano o el alemán que, como poco, imprimen más seriedad al tema.

Manuel Allué Pastor, septiembre de 1993, hoy miembro de la Coordinadora de CATAC Presons

 

Estamos hartos de ver cacos en los patios haciendo lo que les sale de las...

De un boletín d’ USO Prisiones, mayo-junio de 1995

 

A parte de tus escuderos, tienes a tus «socios», internos ellos, que aplaudieron y aplaudirán por la cuenta que les trae las bondades de tus fabulosos programas (...) me pregunto a veces, qué hubiera sido de mi vida si mis padres no me hubieran inculcado los desagradables hábitos de trabajo y estudio, hoy en día tal vez hubiera podido ser un respetado kie, un excelente maleante de pro, asaltante de bancos, traficante de droga, alguien que disfrutara de la vida a cada instante montando fiestas y orgías. Si llegara a entrar en prisión dejaría por un instante que me reeducaras y me reinsertaras, después saldría con un subsidio de excarcelación y, a la carga de nuevo.

Un carcelero feliz. De un boletín de USO Prisiones, dirigiéndose al Director General,1998

 

Sr. Horcajo, para empezar, el sistema norteamericano no existe, la USO, por su reconocimiento internacional conoce sistemas penitenciarios como el de Texas que hemos criticado.

Manuel Allué, respuesta a EL PAÍS, 1997

 

Y, en este sentido, baste hacer notar que gran parte del enfoque (falso) progresista al hecho penitenciario que venimos sufriendo los profesionales del sector bajo la actual DGSPR, no es más que un espantoso remedo a una serie de políticas aplicadas a finales de la década de los sesenta y hasta mediados de los setenta en Norteamérica con el resultado de un estrepitoso fracaso y que llevó a la administración penitenciaria norteamericana en sus diferentes niveles: federal, estatal, de condado o metropolitano, a re-orientar sus líneas maestras, en el sentido de un retorno a un modelo más estricto en el modelo regimental y de seguridad y, más escéptico con unos programas de tratamiento y rehabilitación que se mostraron caros, ineficaces y peligrosos.

De un boletín de USO Prisiones, «crítica» al sistema de Texas, 1996

 

Por lo demás, estamos seguros que, de nuevo, nuestro comportamiento no agradará a la Dirección General, sólo esperamos que no tengamos problemas si es preciso embargar el peculio o la nómina de talleres al «Sr. Interno».

De un boletín de USO Prisiones, 1997

 

El señor Ignacio García Clavel, cree en la educación de los internos como función resocializadora e intenta erradicar los tratos inhumanos y degradantes. Pero desde diferentes frentes se le coarta. Todavía queda un gran colectivo dentro del funcionariado que cree en la mano dura y lo divulga en sus comunicados sindicalistas. No quiere tener en cuenta que la violencia sólo engendra violencia y odios.

Carta de un grupo de internos de la prisión de Brians a Amnistía Internacional y otras asociaciones, organismos y medios de prensa, 28 de diciembre de 1998

 

Entre los acusados se encuentra Angel Colmenar Launes, que cuando ocurrieron los hechos era el Jefe de Servicios de la cárcel y el Secretario General de la Unión Sindical de Trabajadores de la Administración de USO (...) un grupo de siete funcionarios encabezado por Colmenar y provisto de porras acudió al lugar y sacó al preso a golpes, según la acusación pública. Uno de los funcionarios le propinó un pisotón en la cara y el preso fue conducido a la llamada celda del cangrejo, una zona de la prisión completamente insonorizada. El fiscal explica en su escrito que, una vez allí, el recluso fue esposado a un somier y golpeado reiteradamente durante unos veinte minutos. El médico de la cárcel certificó después que el recluso padecía «contusiones múltiples».

EL PAÍS, 25 de noviembre de 1998

 

De la información facilitada por dichos funcionarios de prisiones, se desprende que desde hace años existe un comportamiento grave que comporta la violación de la normativa sobre Derechos Humanos.

Carta de Amnistía Internacional de Cataluña a la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació (DGSPiR), 28 de diciembre 1998

 

INTRODUCCIÓN

En un artículo publicado en el diario EL MUNDO (L’estigma del carceller, 1-9-97, documento 26) uno de los miembros de nuestra asociación planteaba el tema fundamental que motivó la fundación de ADECAF. En este artículo se afirmaba, en efecto, que las fuentes de deslegitimación de las instituciones penitenciarias son básicamente dos, a saber:

· Las ideologías y corrientes políticas que, desde una determinada idea de la izquierda, atacan la esencia misma de la prisión y desautorizan a los profesionales carcelarios sin importar cuál sea su actuación concreta (el enemigo a batir no sería ya el carcelero que incumple sus deberes legales, sino la función penitenciaria en cuanto tal).

· Las ideologías y las prácticas que en los estados totalitarios (tanto de derechas como de izquierdas), en las dictaduras, pero también en ciertos estados democráticos (el ejemplo del sistema norteamericano resulta aquí paradigmático), identifican la prisión con la violación de los derechos humanos más elementales.

En el presente trabajo queremos desarrollar única y exclusivamente un breve análisis teórico de lo que denominamos «fuente punitivista» del estigma. Porque, a pesar de su pobreza teórica, el punitivismo puede llegar a ser más peligroso que la primera de las fuentes señaladas, en la medida que se genera en el interior de la prisión misma y se acostumbra a asociar a ideas y valores que prometen la dignificación del personal penitenciario reivindicando un mayor respeto y la sumisión poco menos que lacayuna de los presos hacia los funcionarios. En cualquier caso, la ideología y las prácticas del punitivismo penitenciario siempre acaban confirmando los tópicos de la ideología contraria, convirtiéndose en la verdadera fuente de su legitimación. En efecto, los repetidos escándalos por torturas y malos tratos a que conduce de forma inevitable el punitivismo, refuerzan los argumentos de quienes consideran que la prisión es siempre mala; la prisión sería mala aunque funcionase bien, piensan quizá las seráficas almas abolicionistas y anarquistas, pero en ese caso resultaría mucho más difícil demostrarlo ante la opinión pública.

Por tanto, la primera labor que deben afrontar los que de verdad, y desde dentro de la misma prisión, luchan por su legitimación y por la dignificación del personal penitenciario, pasa por el ataque directo y sin contemplaciones a todos los sectores pseudoprofesionales que fomentan y/o ponen en práctica ideas antidemocráticas y contrarias a los derechos humanos. En este sentido, es preciso establecer una distinción fundamental en el interior de punitivismo:

· El punitivismo de los estados totalitarios, de las dictaduras o, sencillamente, de los sistemas penales que, en su propia legislación, establecen, e incluso fundamentan, dichas prácticas.

· El punitivismo que se desarrolla a contracorriente, no ya sólo de la legalidad vigente, sino del espíritu y de la conciencia colectiva de una sociedad determinada.

En el primer caso, los funcionarios de prisiones devienen meros instrumentos de una política que los rebasa y que como profesionales no pueden modificar. En cambio, en el segundo caso, los únicos responsables de las violaciones de los derechos humanos que se produzcan y, por lo tanto, de la deslegitimación y estigmatización que sufran, son los mismos profesionales que después protestarán por el aislamiento y la incomprensión social que supuestamente padecen.

La distinción entre las dos formas del punitivismo no implica su total separación. La historia puede conducir de la dictadura a la democracia o a la inversa. La situación de las prisiones españolas y catalanas, por ejemplo, no se puede comprender sin el concepto de «transición política», el cual describe el paso de la dictadura franquista a un estado social y democrático de derecho. Las características de la transición, en tanto que ruptura pactada, comportan una serie de fenómenos inerciales que no se habrían producido en el caso de una ruptura no pactada con el régimen anterior. En efecto, el pacto implicaba la renuncia a toda idea de depuración en los cuerpos represivos del estado franquista. Con la excepción de los funcionarios implicados en los casos de mayor escándalo, cesados de forma fulminante, o, a veces, sencillamente degradados o trasladados, la inmensa mayoría del personal policial, militar, judicial y penitenciario, entró en un proceso de reciclaje del que todavía no hemos salido. Esto significa que los funcionarios nuevos tenían que recibir una formación capaz de contrarrestar las inercias del personal antiguo. Pero la insignificancia de los medios invertidos en esta fundamental formación, la falta de una escuela democrática de estudios penitenciarios, el desprecio de la administración hacia los funcionarios de vigilancia, precisamente por su pasado, ha propiciado que las nuevas generaciones del personal «aprendiesen el oficio» con los antiguos carceleros. Para acabar de redondear este fenómeno, elementos del personal franquista se han incorporado a las direcciones generales de la administración penitenciaria, poniendo en ridículo la idea de que la democracia tenía que traducirse en un cambio radical por lo que respecta a la naturaleza de las prisiones. En definitiva, la acusación de que existe una continuidad de las practicas y formas franquistas de hacer en las prisiones democráticas del Estado español, no se puede refutar afirmando que la edad media de los funcionarios es de veintisiete años, como decía el señor Jordi Ferret de USO (doc. 17) o el señor Sergio Salgado de CCOO (EL PAÍS, cartas al director, 29-3-96): el problema no es la permanencia de los individuos, sino la transmisión o reproducción sociológica de los valores y de las técnicas punitivistas del carcelero tradicional.

¿Nos ha de extrañar que el año 1998 el poder judicial estuviera investigando 31 juzgados de vigilancia penitenciaria del Estado español por supuesta negligencia en la gestión de denuncias de presos relativas a malos tratos o torturas por parte de funcionarios? ¿Cómo se puede explicar que, después de veinticinco años de democracia, se vuelvan a escuchar los mismos tópicos de siempre, y una vez más se reedite ante la opinión pública la figura estigmatizada que el artículo 25.2 de la Constitución tenía que superar definitivamente? Hemos de decir que el concepto de transición política, como suave y silenciosa renovación de los cuerpos represivos de la dictadura, ha jugado en contra del mismo texto constitucional que la amparaba. En todo caso, es preciso investigar la responsabilidad de las administraciones que no sólo han minusvalorado el decisivo papel de la verdadera formación por motivos meramente económicos, como ya se ha dicho, sino que, con el fin de evitar las temidas violaciones de los derechos humanos, se ha limitado en muchos casos a lanzar una ofensiva indiscriminada de fiscalización contra los funcionarios, la cual resultaba más barata y era practicada a veces con especial crueldad precisamente por antiguos franquistas elevados a cargos superiores. Las consecuencias de la criminalización simbólica global del cuerpo de funcionarios de vigilancia penitenciaria, además, han permitido que se organizara un sindicalismo que identifica la defensa del personal con el rechazo del concepto de «rehabilitación» y, en general, de la política penitenciaria democrática. Así, entre la fiscalización y estigmatización brutal de los funcionarios y la correspondiente reacción pseudosindicalista, se ha generado una diabólica espiral, cuyos resultados comienzan a verse reflejados en los medios de comunicación.

En Cataluña, por desgracia, los procesos descritos no han seguido un camino muy distinto. Aunque esta nación sufrió por partida doble, como «roja» y como «separatista», la represión franquista, lo cual tenía que haber sensibilizado a la Generalitat sobre el problema de las prisiones, instrumento básico de aquella represión, lo cierto es que precisamente en Cataluña es donde el punitivismo ha llegado a un mayor grado de articulación utilizando en su favor la carta del sindicalismo y la supuesta defensa de los derechos laborales del personal de custodia. La casi nula política de formación de la Generalitat hacia los funcionarios de prisiones, el desprecio y a veces el rencor o la venganza política encubierta contra una profesión que, al parecer, no puede tener cabida en cierta idea socialcristianomorfa y utópica de Cataluña, ha puesto las cosas fáciles a los defensores de la mano dura. No queremos cuestionar aquí la política humanitaria y dignificadora seguida con los presos, el aumento de su nivel de vida, las inversiones infraestructurales, etc., que han supuesto un cambio radical a mejor en el seno de las prisiones catalanas. Pero esto era muy fácil de llevar a cabo: sólo hacía falta dinero y voluntad política. En cambio, la parte verdaderamente compleja, la que requería un mínimo de inteligencia y también de espíritu cristiano (los funcionarios son también muchas veces las víctimas de los internos) se ha hecho tan mal como si, de forma deliberada, se buscase poder disponer de un chivo expiatorio que justificara todos los fracasos posibles inherentes a una rehabilitación que se contemplaba, de antemano, plagada de dificultades (pensemos que el rehabilitacionismo democrático llega a España cuando en el resto del mundo occidental ha cosechado ya abundantes tropiezos que sumen a los utopistas de izquierda en un desencanto que no hará más que crecer en las décadas siguientes).

A pesar de que en Cataluña no se puede hablar de las mismas cifras e índices de malos tratos que en el estado español, no hay duda de que la Generalitat, en función de una política de imagen respetable pero en ciertos aspectos bastante perjudicial, ha encubierto, delante de la opinión pública, cualquier posible escándalo que se pudiera traducir en una valoración negativa de las prisiones catalanas en el ámbito internacional. Todos sabemos que no es la Generalitat quien promueve los malos tratos, que la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació no es la responsable directa, por acción u omisión, del divorcio simbólico entre funcionarios y reclusos, sino que son ciertas organizaciones, de fuerte tradición democrática pero con planteamientos oportunistas y equivocados, las que están dando cobertura institucional al sector punitivista del personal de vigilancia. La Generalitat, sin embargo, sí que es la responsable directa de una política de personal que nos acercará, cada vez más, a aquello que ya comienza a ser una realidad en el resto del Estado. Es por este motivo que debemos interpretar el presente documento como un primer intento de detener el mencionado proceso perverso que, creemos, encamina al sistema penitenciario catalán hacia una peligrosa vía de regresión histórica.

A continuación nos referiremos a las fuentes punitivistas del estigma del carcelero. Para ilustrarlas hubiésemos podido hablar de las prisiones de la Edad Media, de los campos de concentración nazis, de los gulag soviéticos, de las prisiones franquistas o del sistema penitenciario norteamericano, pero nuestro sentido de la responsabilidad nos obliga a hablar de lo que sucede aquí y ahora. Se trata de un punitivismo articulado alrededor de un sindicato concreto, pero que ha pasado, siguiendo el proceso de transición política, por diferentes siglas, enlazando la etapa franquista con la etapa democrática. Lo que aquí se dice viene avalado por casi cuarenta documentos, aunque algunas de las afirmaciones que se hacen no pueden, todavía, fundamentarse. Las investigaciones realizadas por los funcionarios que han contribuido a la elaboración del informe que aquí presentamos, han de servir, en el futuro, para completar un primer esbozo de la historia del sindicalismo penitenciario en Cataluña. El texto que viene a continuación supondrá, pues, sólo una pequeña contribución en el camino hacia tan inaplazable y necesaria tarea.

USO-USIP: EL SINDICALISMO PENITENCIARIO

DE MANO DURA EN CATALUÑA

Los actuales dirigentes de la USO-USIP Manuel Allué Pastor y Angel Colmenar Launes, así como un círculo restringido de personas fieles a los mismos que controla las secciones sindicales locales, proceden de los sindicatos corporativos que inmediatamente después de la transición política, y en concreto durante el traspaso de competencias penitenciarias a la Generalitat de Cataluña, intentaron defender los intereses del antiguo personal de vigilancia, pero también las prácticas y la ideología de los carceleros franquistas. Desde 1991, cuando ensayaron el transfuguismo sindical desde la ASI a la Unión Sindical Obrera (USO) por motivos que explicaremos más abajo, no han dejado de oponerse a la política penitenciaria democrática de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació, negando el concepto constitucional de reinserción social y defendiendo doctrinas de mano dura inspiradas en el modelo penitenciario norteamericano. Por lo tanto, el hecho de que Angel Colmenar Launes, «número dos» de USO Prisiones, esté procesado (doc. 31) por un delito de lesiones (en el código penal vigente los hechos aparecen tipificados como torturas) no es, quizá, el resultado del azar, sino la consecuencia lógica y necesaria del discurso y los valores de esta central sindical. Una central que, por otro lado, acaba de consolidarse como mayoritaria después de ganar, el pasado 25 de noviembre de 1998 y por segunda vez consecutiva, las elecciones sindicales en el ámbito penitenciario catalán (doc. 32).

Un ejemplo del estilo sindical de USIP y su posible repercusión sobre el nivel de vida de los internos, lo tenemos en la nota que publicó el 19 de febrero de 1997 el semanario EL TRIANGLE, bajo el título El fons de reclusos (el fondo de reclusos). Aprovechando, en efecto, la concesión institucional de 500 pesetas a los presos indigentes para que pudieran adquirir, en el economato de la galería, artículos de consumo diario como café o tabaco, escribían: «Hola nois de EL TRIANGLE, ara podeu veure en què es malgasten els diners de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (a més dels escàndols que ja sabem). Si tenim en compte que al fons de reclusos no hi ha un duro, es preveu que quan corri la veu hi hagi una pluja de peticions, que lògicament haurem de pagar amb els nostres impostos, impostos que paguem també els funcionaris de presons (...) Continueu amb la tasca de denúncies. Ara per ara sou els únics que foteu canya a aquest Govern pestilent de la Generalitat» (doc. 24). Lo que caracteriza la sección de prisiones de USIP es, sin embargo, el doble lenguaje y la hipocresía. Así, por un lado, ante los funcionarios de prisiones (sus clientes potenciales), promueven doctrinas punitivistas que tarde o temprano se pueden traducir en actitudes concretas, si no de torturas o malos tratos, como mínimo de indiferencia, menosprecio y hasta de insultos o persecuciones disciplinarias a los internos de los centros penitenciarios catalanes. Pero, por otro lado, denunciados en la prensa, los pseudosindicalistas de USIP se presentan sin escrúpulos como defensores de los derechos humanos y la rehabilitación, a pesar de que hayan negado estos conceptos en documentos (boletines, ponencias, etc.) de circulación más restringida. Por tanto, calificar de «pestilente» el gobierno de la Generalitat por haber asignado una cantidad mínima semanal a los presos más pobres puede ser, en el marco referido de cinismo sistemático, compatible con afirmaciones como la siguiente: «Ara per ara, les urnes diuen que la USOC, amb un 26% dels sufragis emesos, és el sindicat més votat als centres penitenciaris que depenen de la Generalitat de Catalunya. El nostre programa electoral proposa mesures com ara: adoptar les mesures suficients per tal d’aconseguir la reinserció del privat de llibertat, creant una oficina que gestioni l’augment del treball als tallers penitenciaris i la recerca de feina per als alliberats definitius o condicionals (punt 12 i punt 13). Facilitar als exinterns la informació que calgui per tal d’optimitzar el temps que estiguin al carrer o per tal de reforçar la seva adaptació a la vida en llibertat. Es a dir, aquests punts del programa i tot ell, té el suport majoritari dels treballadors penitenciaris de Catalunya» (Sindicalisme de classe, Jordi Ferret, AVUI, marzo de l997, doc. 17).

En definitiva, no nos encontramos ante una defensa abierta y pública de la mano dura, sino de una hábil estrategia que explota el carácter progresista de las superestructuras políticas de USO dirigiéndose a la sociedad con un mensaje como el que expresa el articulo de Jordi Ferret (miembro de la Ejecutiva Nacional de USO y totalmente ajeno a la sección de prisiones o USIP). Pero al dirigirse a los funcionarios de prisiones, el discurso cambia de signo y se promociona, sotovoce, en dos variedades: la primera, para el «funcionario de carrera» o «veterano», que aprendió el oficio de carcelero con el antiguo personal franquista y conoció los malos tratos y las torturas propias del sistema anterior, pero también las del período de la transición política hasta el traspaso de competencias penitenciarias a la Generalitat de Catalunya en el año 1985. En cuanto a este sector de funcionarios, que tienen garantizada su estabilidad laboral, el discurso de mano dura se puede transmitir bien en estado puro, bien adornado con proclamas anticatalanistas, ya que el mencionado personal es mayoritariamente oriundo de pequeños pueblos del centro de España y en algunos casos manifiesta un profundo resentimiento contra las políticas de catalanización, que identifica con las políticas de rehabilitación y humanización penitenciaria. La segunda variante se dirige a los funcionarios nuevos, la mayor parte catalanes con estudios universitarios pero en situación de interinaje; en este caso, la estrategia consiste en mezclar las reivindicaciones sindicales con los mensajes políticos que conducen siempre a la misma conclusión: la mejora de la situación laboral de los funcionarios de prisiones es incompatible con una política centrada en la reinserción social de los reclusos, porque a esta política le es inherente la desconfianza y la diabolización del personal de vigilancia: «Evidentemente hay peligro para la seguridad y la salud laboral en un CP. Aquí la respuesta sería prácticamente en prisiones un 100% y, decimos prácticamente, porque siempre hay algún osado, insensato o colaboracionista dispuesto a discrepar. Pero a los riesgos propios de trabajar con población reclusa (asesinos, homicidas, delincuentes sexuales, toxicómanos, etc.) y que todos aceptamos por ser inherentes a nuestro trabajo, existen una serie de riesgos que no deben asumirse ni aceptarse y que son debidos a una más que cuestionable y difícilmente asumible política penitenciaria (...) Dicha política se sustenta en un principio moral-religioso totalmente personal y no compartido por la sociedad catalana ni occidental que consiste en creer en la bondad intrínseca del delincuente y en la maldad intrínseca de los profesionales» (Al Descubierto, número 14, pág. 8, julio de 1998, doc. 21). El instrumento de esta labor de adoctrinamiento es el boletín, la nota de prensa anónima o el artículo en una publicación de rango local, como ya iremos viendo a lo largo del presente documento. Cuando hablamos de «menosprecio a los internos» nos referimos a hechos que van desde mensajes tan sutiles como introducir las palabras Sr. Interno entre comillas (así, en un boletín de verano de 97: «Por lo demás, estamos seguros que, de nuevo, nuestro comportamiento no agradará a la Dirección General, sólo esperamos que no tengamos problemas si es preciso embargar el peculio o la nómina de talleres al «Sr. Interno», doc. 22) o editar frases poco menos que insultantes referidas a todo el colectivo de presos («Estamos hartos de ver cacos en los patios haciendo lo que les sale de las...» Boletín de USIP, mayo-junio de 1995), hasta los más gruesos, como es el caso de un artículo publicado en LA REVISTA DEL VALLES el verano de 1996, que volveremos a citar más adelante, donde Manuel Allué, firmando en calidad de Secretario General de USO Prisiones de Cataluña, USIP, rechaza la rehabilitación y propone como alternativa el sistema penitenciario norteamericano.

Sin embargo, la expresión más grave de las consecuencias inherentes al discurso irresponsable de USO Prisiones podría ser, en caso de verse confirmada por los tribunales, la ya mencionada denuncia por malos tratos que pesa sobre el Secretario de Organización de la sección sindical de la USIP, el Sr. Angel Colmenar Launes. Según el diario EL PAÍS, la noche del 28 de febrero de 1993, ejerciendo las funciones de jefe de servicios y en compañía de otros tres funcionarios, este sujeto golpeó supuestamente, con una porra y en repetidas ocasiones, a un interno esposado e indefenso de la prisión de Brians. Los hechos, según la misma fuente, fueron denunciados por el funcionario de prisiones I. C., y la acusación particular pide 8 años de privación de libertad a los procesados (doc. 31), mientras que el fiscal reduce la petición a cinco años de cárcel.

Por los motivos que fundamentaremos acto seguido, entendemos que la influencia de USIP sobre el personal de vigilancia penitenciaria catalana se traduce en los siguientes hechos:

· Bloqueo de las iniciativas de la Dirección General en lo relativo a la vinculación de los funcionarios de prisiones a labores pedagógicas que permitirían profundizar en la realización del mandato constitucional (este fue el caso de las tutorías y el equipo multidisciplinar).

· Fomento de las actitudes de menosprecio hacia los internos que suponen un obstáculo para las tareas de tratamiento y rehabilitación llevadas a cabo por los profesionales correspondientes (maestros, educadores, psicólogos, etc.).

· Estímulo de planteamientos pseudoprofesionales que se pueden traducir muy fácilmente en casos de prácticas cotidianas de tortura psicológica amparadas en dudosas medidas de seguridad (la realización de informes disciplinarios por parte de funcionarios adoctrinados por la USIP puede ser totalmente contraria a la objetividad o efectuarse selectivamente, de acuerdo con motivaciones puramente punitivas, hasta convertir en un infierno la vida de ciertos reclusos).

Finalmente, consideramos que, con las formas de hacer y las ideas de la USIP, estas circunstancias, habituales en nuestras prisiones, se pueden ver potenciadas en extensión y profundidad, hasta concretarse en casos de tortura y malos tratos como el que a partir del próximo 9 de marzo se juzgará en la Audiencia Provincial de Barcelona.

I.- LAS RAÍCES PSEUDOSINDICALES ULTRADERECHISTAS

La primera organización sindical de esta ideología de la cual tenemos constancia es la U.F.I.P. (Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias) que, a raíz de los atentados de E.T.A. contra funcionarios de prisiones y sus familiares, apareció en la prensa como el sector más radical de las protestas sindicales (encierros, manifestaciones, etc.) durante la primavera de 1990 (vid. Documentos 1 y 1B, 1C, 1D). La UFIP, asimismo, era el resultado de una escisión de la CSIF, sindicato donde se enquistó la mentalidad de la mano dura que a los inicios de la época de traspasos de competencias se agrupaba entorno del S.P.P. (Sindicato Profesional de Prisiones) y que estaba enfrentado al sector demócrata de personal, el S.D.P. (Sindicato Democrático de Prisiones) del cual surgieron las centrales democráticas (UGT, CCOO, SAC, CSIF, etc.). El paso a la CSIF fue el primer intento de dar una nueva imagen al sector de los «carceleros», pero las difíciles relaciones entre Manuel Allué y los dirigentes de CSIF abortaron rápidamente el proyecto. La UFIP fue el resultado de un proceso sumamente complicado y pone de manifiesto la voluntad de fundar un sindicato corporativo independiente que no tenga que rendir cuentas por el pasado y controle todo el ámbito laboral penitenciario con una ideología muy concreta. La UFIP no era una organización circunscrita a la comunidad catalana, sino que disponía de secciones sindicales en el Estado español y, sobre todo, una representación considerable en Madrid. El ministro del interior, entonces Enrique Múgica, define la UFIP de Madrid como un «grupo de agitadores ultras» (doc.1) y Antonio Asunción añade «la UFIP es una organización de extrema derecha que lo único que intenta es reventar el sistema penitenciario» (doc.1). Los datos de que disponemos, correspondientes a la sección de Cataluña donde militaba Allué, confirman la opinión de los exministros: la sede de la UFIP la encontramos en el local de Falange Española de las JONS en el Paseo Marítimo de Castelldefels, dirigida por un falangista en activo, Pepe Muro, que ha abandonado Cataluña pero sigue trabajando como funcionario de prisiones en un centro penitenciario de Andalucía. Entre otras lindezas, la UFIP defendía la cadena perpetua y la creación de pequeños campos de concentración para los presos etarras. La USIP no es más que una pequeña mutación de la UFIP que ha intentado alojarse en el seno de organizaciones sindicales de mayor envergadura, como es el caso de la USO y, a raíz de la publicación del presente informe, el de la CATAC (desde el pasado 8 de febrero, los comunicados de la USIP ya no aparecen bajo la sigla USO sino como CATAC-USIP). En una nota sindical firmada el 17 de mayo de 1998, Manuel Allué reconoce haber militado en la UFIP: «Los abajo firmantes, Manuel Allué (…) a finales de los años 80 trabajamos conjuntamente en los sindicatos UFIP (Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias) y, posteriormente, ASI (Acción Sindical Independiente)» (doc. 20).

El fracaso de la UFIP es el resultado de las dificultades económicas y de infraestructura propias de los sindicatos corporativos, pero también del afán de protagonismo de sus dirigentes, que se pelean frecuentemente por el control de los cargos de máxima dirección, lo que provoca la salida de Manuel Allué, el cual, con un importante pedazo del pastel, se une a la ASI, sindicato no limitado al ámbito penitenciario pero de dimensiones igualmente pequeñas. Para entender los motivos que conducen a Allué a la ASI es preciso estudiar la procedencia política de su fundador, Francisco Javier Cañadillas Lucas (vid. Doc. 2). Antiguo militante del ultraderechista PENS, Francisco Javier Cañadillas Lucas fue juzgado por el atentado en la sede de UCD de 18 de junio de 1980 (vid. Doc.3).

La militancia del núcleo duro de USIP en la ASI se puede demostrar mediante dos documentos: 1) el documento del II Congreso de USO Prisiones-USIP de 29 de setiembre de 1993, donde se afirma que «con la incorporación de un grupo de funcionarios penitenciarios, ya iniciados en la actividad sindical, y que habían concurrido a las anteriores elecciones bajo las siglas ASI, la expansión de USO se hace realidad. La enorme dedicación y empeño de compañeros como Manuel Allué…» (vid. Doc.4); 2) el programa electoral de USO Prisiones-USIP de setiembre de 1994, donde se afirma que «En Cataluña, en 1990 un sindicato independiente ganó las elecciones sindicales en las provincias de Barcelona y Tarragona. Problemas típicos del minifundismo sindical: falta de dinero, desavenencias internas graves, nula organización, etc., llevan a que la mayoría de los miembros de prisiones de este sindicato ingresara en la USO» (Doc. 5).

La información básica sobre el PENS (Partido Español Nacional Sindicalista), es la siguiente: El PENS se fundó el año 1969 como organización universitaria encargada por los servicios de información franquistas (SECED) de practicar la violencia contra los grupos de estudiantes de izquierdas. En 1972, el PENS se fusiona con el Movimiento Social Español (MSE). En marzo de 1977, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Juventud Nacional Revolucionaria, se transforman en Orden Nuevo. Según el periodista Mariano Sánchez Soler (vid. Los hijos del 20-N. Historia violenta del fascismo español, Ed. Temas de Hoy, Madrid, 1993) el PENS de Barcelona fue subvencionado por el Servicio Central de Documentación de la Presidencia creado por Carrero Blanco. Por lo que respecta al Frente de la Juventud, surge el año 1979 a partir de una escisión de Fuerza Joven de Madrid. Sus dirigentes en Barcelona son prácticamente los mismos que los del Frente Nacional de la Juventud (1977), una escisión de Fuerza Nueva que pretendía renovar la extrema derecha española. El 26 de enero de 1978, treinta militantes de Fuerza Joven asaltaron la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Hacia el mes de abril, asesinaron al militante comunista Andrés García. En 1980, a raíz del atentado en la sede de UCD, la policía disolvió el grupo de Barcelona. Dos de los encausados declararon que las armas de que disponían procedían de los servicios de información y estaban destinados a la guerra sucia contra ETA y el FRAP (doc. 3). Además, otros militantes «nacional-sindicalistas» fueron acusados de atracos, estafas, agresiones, etc. Antiguos dirigentes de este grupo y del PENS fundaron hacia el año 1990 la Acción Sindical Independiente (A.S.I.), a la que se unió Manuel Allué con toda la sección sindical de la UFIP fundada por el «nacional-sindicalista» Pepe Muro. Es en ese momento que se gesta la transformación de la UFIP en USIP dentro del marco de la ASI.

II.- FUNDACIÓN DE USO-USIP

La sección sindical de USO Prisiones en el ámbito estatal fue fundada en 1983 en la prisión de Herrera de la Mancha. Según afirma el programa electoral de USO Prisiones de 1994 (doc. 5): «Por entonces esa cárcel agrupaba a la totalidad de presos de ETA-GRAPO, y un grueso de internos comunes de gran peligrosidad. Actos violentos de los internos hicieron que los funcionarios respondiesen con rigor. El entonces director general Sr. Zato respondía de esta forma: nueve funcionarios procesados, un sinfín de expedientes disciplinarios y, encima, los presos de ETA consolidaron sus privilegios. Esta situación demandó la atención del equipo confederal de la USO, el secretario de acción sindical Carlos Solas». Esta circunstancia merece una breve reflexión.

Desde su fundación, la prisión de alta seguridad de Herrera de la Mancha se había convertido en objeto de la atención pública por los frecuentes escándalos por malos tratos de presos donde habían estado implicados funcionarios de vigilancia de ideología ultraderechista. Los hechos fueron denunciados por otros funcionarios de vigilancia y llegaron a la prensa, en concreto al diario EL PAÍS, que hizo un seguimiento exhaustivo del tema, y a la revista LA CALLE, que en su número 82 publicaba la siguiente descripción del enfrentamiento entre los funcionarios de mano dura y los funcionarios demócratas: «Con miradas desafiantes hacia sus compañeros «más blandos», con la agresividad a flor de piel y el desprecio más absoluto hacia los reclusos, se permiten todavía el gesto desafiante de exhibir su pistola y limpiarla («para tenerla preparada») en el bar de funcionarios. Este tipo de funcionarios que se llaman a sí mismos «profesionales» y se declaran «apolíticos» son los que, por ejemplo, hacen escuchar por los altavoces a los presos el himno de la Legión a todo volumen, varias veces durante la misma guardia. Estos profesionales son también los que aconsejan a los funcionarios jóvenes recién salidos de la Escuela Penitenciaria: «Vosotros sois nuevos. Os la van a dar. Si no pegáis, os perderán el respeto. Se empieza por no pegar y se acaba de chachareo. Si habláis con ellos se desacojonan». Estos dudosos partidarios del «profesionalismo» son los que sospechan enseguida del funcionario que ponga mala cara ante la paliza a un preso o llaman traidores o falsos compañeros a los funcionarios que hablan con los reclusos. Son los mismos que después de declararse apolíticos no se recatan en propinar insultos a la democracia y a la Constitución. O, como alguno llegó a decir un día: «Tenía que venir otra guerra civil para matar otro millón de rojos». Uno de los funcionarios que participaron en las primeras palizas de bienvenida a los presos que inauguraban la cárcel de Herrera llegó a decir a voz en grito un día en el comedor de funcionarios: «Me cago en los comunistas, socialistas, en todos los políticos y principalmente en todos los funcionarios demócratas que haya por aquí. Son todos unos hijos de puta». Estos veteranos funcionarios habían llegado a sentir un vacío de poder cuando Carlos García Valdés llegó a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Primero se resentían y se quejaban de la falta de autoridad que había en las prisiones. Más tarde, cuando les trasladaron a Herrera de la Mancha, se mostraron orgullosos: «Esto sí que es una cárcel»».(Herrera de la Mancha: una historia ejemplar, Manolo Revuelta, Ed. La Piqueta, pág. 111, doc. 18, declaración del funcionario de prisiones Carlos García Villarroel, doc.19). El gobierno de UCD no supo frenar las torturas en Herrera de la Mancha y las prácticas de mano dura continuaron desde 1980 hasta la llegada del «cambio» socialista, de manera que, en 1983, el PSOE tuvo que plantearse el asunto con cierta seriedad. El hecho es que presos de ETA fueron torturados por los funcionarios de acuerdo con una tradición milenaria que define el carácter del carcelero. Para entender el respaldo que USO, una central sindical protagonista de la resistencia contra el general Franco y que por tanto sufrió las prácticas del carcelero totalitario, dio a estos mismo carceleros como grupo residual dentro del sistema democrático, es preciso estudiar la historia de USO durante la transición política y el considerable retroceso que supuso la marcha, durante 1977, de la mayoría de sus delegados a UGT, el sindicato que entonces se consideraba próximo al PSOE. USO pasó de ser uno principales sindicatos del estado con niveles afiliativos considerables, a ocupar un lugar testimonial con un 5% de los delegados y en abierta oposición al sistema establecido por la Ley de Libertad Sindical: no nos ha de extrañar, entonces, que en 1983, el triunfo electoral del PSOE y el ataque a las prácticas de mano dura por parte del director general de instituciones penitenciarias, el socialista Sr. Zato, tuviera en el lado contrario a un sindicato tan profundamente resentido con la joven democracia. La sección de prisiones de USO nació, pues, en circunstancias paradójicas: todos los expedientados que sobrevivieron a la limpieza socialista se esparcieron por las prisiones españolas y catalanas y fundaron las secciones sindicales locales con una tradición y una forma de hacer originaria de Herrera de la Mancha («En 1985, y fruto tanto de los traslados a otras prisiones de aquellos compañeros que formaron la Sección de Herrera...», doc. 4). Sin embargo, y contra de todo pronóstico, este estilo es el que, quince años después, se está consolidando (¿como única excepción del Estado?) en el sindicalismo penitenciario de Cataluña.

En efecto, es un hecho que la defensa del personal de Herrera de la Mancha atrajo la atención de Manuel Allué y su círculo; conscientes de que en la ASI no tenían ningún futuro político, volvieron a intentar la operación de lavado de imagen que ya habían practicado con la CSIF. Así, USO Prisiones de Cataluña-U.S.I.P. (Unión Sindical de Instituciones Penitenciarias) nace en 1991 como consecuencia de una escisión de la ASI. El secretario general de la nueva organización es Manuel Allué, que había comenzado a trabajar en prisiones en 1987, concretamente en la prisión Modelo de Barcelona, lugar donde conoció a Pepe Muro y aprendió «el oficio» (de carcelero), mientras en la UFIP y la ASI se formaba como sindicalista. Tanto Allué como Colmenar procedían políticamente de la izquierda totalitaria, pero a los veinte años, la experiencia laboral traumática de las prisiones transformó su orientación ideológica: el único elemento esencial que conservaron de la extrema izquierda fue una inclinación constitutiva a la violencia. Según un sindicalista de UGT, que les conoció entonces: «a fuerza de pasar miedo en los patios, se convirtieron en fascistas». Así, en la época de la UFIP ya habían olvidado su adolescencia marxistoide y hacían amistad con los «duros» de la Modelo, falangistas y afiliados a Fuerza Nueva. Con la ASI pasaron de ser aprendices a pequeños capitostes con pretensiones de mando. Cuando Allué fundó USO-USIP, aspiraba ya al monopolio sindical penitenciario de toda Cataluña. 

III.- LA DOCTRINA Y LA PRACTICA DE LA MANO DURA

Lo que nos interesa saber ahora es si el cambio de siglas y organización supuso una evolución progresista en la mentalidad y estilo de trabajo en relación con el pasado de los dirigentes sindicalistas investigados en el presente estudio. Demostraremos que no, que USO-USIP representa una continuación de los planteamientos anteriores y que el actual desarrollo de este sindicato es, además de un desafío a la política penitenciaria democrática catalana, un obstáculo para la mejora laboral y la dignificación profesional de los funcionarios de prisiones de nuestra comunidad.

En principio sigilosamente, pero cada vez con mayor desparpajo a medida que el sindicato crecía y sus dirigentes se sentían más legitimados ante la cúpula de USO, Allué y Colmenar fueron introduciendo los elementos ideológicos que fundamentan su práctica penitenciaria punitivo-custodial. Así, ya en un boletín donde se comentan los resultados del Congreso de la USIP de 1993, se habla del «agotamiento filosófico de la idea de reinserción» como una de las conclusiones alcanzadas por los congresistas. El 18 de septiembre de 1993 en una carta publicada en la REVISTA DEL VALLES (número 876, página 51), Manuel Allué sostenía, firmando como secretario general de USO Prisiones de Cataluña, que «el sistema de rehabilitación ha fracasado y eso es así por mucho que la administración se empeñe en negarlo (…) pero, no obstante lo anterior, se siguen abominando sistemas como el norteamericano o el alemán que, como poco, imprimen más seriedad al tema» (doc. 6).

La ideología de la USIP tiene efectos inmediatos sobre el trabajo de los funcionarios, porque fomenta actitudes que son contrarias a los principios de rehabilitación y reinserción social que ampara la Constitución (art. 25.2) y la legislación penitenciaria vigente. Así, en los boletines de la USIP encontramos siempre una obsesión por la seguridad y el uso de los medios coercitivos y una clara oposición a todas las iniciativas de la administración orientadas a la adopción de funciones de tratamiento y pedagógicas por parte del personal de vigilancia. En el programa electoral de USO-USIP el primer punto es el correspondiente a seguridad; en cambio, no existe ningún punto sobre la posibilidad de que los funcionarios de vigilancia pudieran asumir funciones de tratamiento o pedagógicas. Además, las intervenciones y contactos de USIP a escala internacional sólo sirven para legitimar la adopción de las formas más duras de prisión existentes en EE.UU. y Europa. Así, en el boletín Al Descubierto número 4 de USO Prisiones-USIP (doc. 7), donde se comenta la reunión del Consejo Profesional de Justicia de EUROFEDOP (Federación Europea de Sindicatos Penitenciarios), leemos: «El primero en tomar la palabra es el compañero Angel Colmenar de USO Prisiones que, tras explicar a los presentes la dualidad de administraciones penitenciarias en España, ofrece datos oficiales de la violencia en las cárceles de la Generalitat. Así pues, en 1994, en el mismo periodo que en el Estado Español, con 76 prisiones y más de 65.000 internos se produjeron 74 agresiones a funcionarios, en Catalunya, donde la Generalitat tiene un total de 10 centros penitenciarios y 6.600 internos, en el mismo periodo de tiempo se produjeron un total de 70 agresiones a funcionarios». Estos datos falseados tenían la finalidad de fomentar la argumentación característica de la USIP: más mano dura contra los presos.

Otro ejemplo es el de la utilización de casos espectaculares de delitos aparecidos en la prensa con el fin de fomentar el odio indiscriminado a los reclusos. Así, alimentando con un tono populista vindicativo esta doctrina del resentimiento, no tuvieron ningún escrúpulo en aprovecharse de la violación de la niña Olga Sangrador, manipulando el momentáneo estado de ánimo punitivista detectado en una parte de la opinión pública, para profundizar en el abismo simbólico e institucional que separa ambos colectivos, a saber, el de los reclusos y el de sus vigilantes uniformados: «En todo caso, la triste muerte de Olga debe servir de escarmiento a estas pléyades de sujetos que se empecinan en aplicar doctrinas que aprenden en la facultad, sin considerar acaso si la conciencia social está o no con ellos» (boletín USO Prisiones-USIP, 1992, doc. 23).

Por otro lado, el apoyo público de Manuel Allué y Angel Colmenar al sistema penitenciario norteamericano se tradujo ya en 1993 en un primer vínculo con el California Correctional Peace Officers. Sin embargo, lo que le interesa a la USIP es la versión más dura del sistema norteamericano, es decir, la de Texas, de forma que el verano de 1995 nombró como representante oficial de EUROFEDOP (doc. 8) a un conocido ultraderechista, antiguo miembro del VI Comando Adolfo Hitler que en aquellos momentos padecía graves trastornos mentales, el cual viajó a Huntsville, la ciudad de los carceleros y los verdugos, donde fue recibido con todos los honores por el gobernador del Estado, el Sr. Bush. En la versión original (doc. 9) del informe redactado por este «representante» de los funcionarios de prisiones catalanes que después fue internado en el psiquiátrico La Rotonda, de Barcelona, versión a la que tuvimos acceso gracias al arrepentimiento espontáneo de su autor, se encuentran comentarios inhumanos como éste: «Si a la hora fijada no ha llegado el indulto del gobernador, los educadores proceden a ‘rehabilitar’ definitivamente al interno, pasando a ‘reinsertarlo’ posteriormente en la comunidad como abono orgánico del cercano cementerio de Peckerwood Hill, en donde, según estudios fiables, el índice de reincidencia es realmente mínimo». En la versión que finalmente se publicó en el boletín número 6 de Al Descubierto (doc. 10), se pone de manifiesto la abierta oposición de la USIP a la política de rehabilitación y en general al espíritu del mandato constitucional: «Y, en este sentido, baste hacer notar que gran parte del enfoque (...) progresista al hecho penitenciario que venimos sufriendo los profesionales del sector bajo la actual DGSPiR, no es más que un espantoso remedo de una serie de políticas aplicadas a finales de la década de los sesenta y hasta mediados de los setenta en Norteamérica con el resultado de un estrepitoso fracaso que, a la postre, se cobró la vida de numerosos trabajadores penitenciarios y que llevó a la administración penitenciaria norteamericana en sus diferentes niveles (...) a re-orientar sus líneas maestras, en el sentido de un retorno a un modelo de prisión más estricta en el modelo regimental y de seguridad, y más escéptica con unos programas de tratamiento y rehabilitación que se mostraron caros, ineficaces y peligrosos».

La obstrucción anti-rehabilitacionista, que trata de bloquear desde un sindicato minúsculo la política penitenciaria democráticamente legitimada para gobernar en las prisiones catalanas, se ha traducido en una sistemática negativa a adoptar todas las medidas, iniciativas y programas, como las tutorías y los equipos multidisciplinares, que la Administración quería introducir y donde estaban implicados los funcionarios de vigilancia. En un boletín del invierno de 1992, a «un año del primer congreso», la ejecutiva dirigida por Manuel Allué y Angel Colmenar define en términos bien claros cual es «La alternativa penitenciaria de la USO. Ante la DG y ante Función Pública hemos presentado nuestros programas reivindicativos que nosotros llamamos ‘la alternativa USO’, precisamente porque entendemos que las propuestas negociadoras que se realizan (tutorías, equipos multidisciplinares...) atentan directamente contra la operatividad penitenciaria.» (doc.11). Por lo tanto, queda demostrado que USO Prisiones-USIP, con el secretario general Manuel Allué al frente, representa a todo aquel sector del personal penitenciario que no acepta el cambio democrático y que repudia el artículo 25.2 de la Constitución, tal y como se sostenía en un artículo publicado en el diario AVUI (El sindicalisme penitenciari, 28-2-97, doc. 12). Los hechos y los documentos ponen de manifiesto que estas afirmaciones no han sido una calumnia, sino que, atendiendo a los datos que pueden ser consultados en los boletines de USO-USIP y otros que se pueden investigar sobre la UFIP y la ASI, todavía resultan moderadas y no en vano han sido revisadas en publicaciones posteriores en la revista TIEMPO y en los diarios EL PAIS y EL PERIODICO.

Pero el dato más característico de aquello a lo que podría conducir el discurso irresponsable que fomenta la cúpula de USO-USIP, bien podría quedar reflejado, caso de confirmarse, en los hechos que supuestamente sucedieron en la prisión de Brians el 28 de febrero de 1993. En efecto, con toda la prisión a sus órdenes, el «número dos» de la USO-USIP, Angel Colmenar Launes, que entonces ocupaba el cargo de Secretario de Prensa y Relaciones Exteriores de la sección en Cataluña y era responsable de la publicación de los boletines y los escritos del sindicato donde se expresaba la «teoría de la mano dura», procedió, según las acusaciones de la fiscalía, a aplicar sus doctrinas sobre el interno Miguel Angel R.M. (vid. Doc. 31, EL PAIS, 25 de noviembre de 1998): «Los incidentes ocurrieron sobre las 23 horas del 28 de febrero de 1993, cuando el interno Miguel Angel R. M. se encontraba en una celda de aislamiento y solicitó un médico argumentando que padecía fiebres y mareos, según el fiscal. La acusación considera que lo que exigió fue su medicación psicotrópica, que le era negada. En cualquier caso, su protesta fue desatendida por los funcionarios, al considerar que les estaba engañando. Pese a esta pasividad, el interno siguió reclamando un médico a gritos. (...) Al cabo de unos minutos, un grupo de siete funcionarios encabezados por Colmenar y provisto de porras acudió al lugar y sacó al preso a golpes, según la acusación pública. Uno de los funcionarios le propinó un pisotón en la cara y el preso fue conducido a la llamada celda del cangrejo, una zona de la prisión completamente insonorizada. El fiscal explica en su escrito que, una vez allí, el recluso fue esposado a un somier y golpeado reiteradamente durante unos 20 minutos. El médico de la cárcel certificó después que el recluso padecía contusiones múltiples».

IV.- LA CRISIS DEL SINIDICALISMO PENITENCIARIO

Al abordar el tema de la crisis del sindicalismo penitenciario, es preciso, en primer lugar, establecer cuál es la esencia del sindicalismo para así poder determinar las contradicciones generadas en su interior al actuar en un ámbito tan especial como es el de las prisiones. Una simple ojeada a los orígenes mismos de la institución sindical nos retrotrae hasta la Revolución Industrial, con las Trade Union inglesas de principios del siglo XIX. Las formas asociativas de los trabajadores en las sociedades preindustriales eran, como todo el mundo sabe, los gremios y las corporaciones, pero la aparición de los modelos capitalistas de producción y la hegemonía de la burguesía convierten en obsoletas estas entidades. El sindicato es un producto de la fábrica y más concretamente de la fábrica textil, donde las relaciones laborales tienen un carácter dual: por un lado, el propietario capitalista y la dirección de la empresa, por otro, los trabajadores. El sindicalismo nace como un instrumento de defensa de los más débiles, a saber, en este caso, los empleados de la fábrica, sometidos a unas condiciones laborales inhumanas que Engels describió magistralmente en su famosa obra La situación de la clase obrera en Inglaterra. La esencia del sindicalismo es la protección de los débiles ante los abusos del más fuerte en un determinado contexto de relaciones laborales, sociales y de producción. Sin embargo, la evolución del capitalismo conduce a un tipo de sociedad donde el sector secundario de la economía, es decir, la industria, ocupa cada vez menos trabajadores en comparación con el sector terciario o de servicios. El sindicalismo se enfrenta así a una situación donde la relación dual trabajador-empresario se ve progresivamente desplazada por otra bastante más compleja, a saber, la que vincula al patrono con el trabajador y ambos al usuario. De forma que, en un caso como el que se da en una huelga de metro, los perjudicados por la acción del sindicato no son sólo la dirección de la empresa, sino todo el colectivo, generalmente trabajador, de usuarios del metro. En el caso del sindicalismo penitenciario, a todos estos datos sería preciso añadir uno más significativo todavía: mientras que la relación de subordinación que une a la dirección del metro con sus empleados no se hace extensiva a los usuarios (el empleado del metro se encuentra en una situación de igualdad ante quien utiliza el servicio porque esta utilización es voluntaria y puntual), la naturaleza misma de las prisiones determina que la relación de jerarquía entre administración y trabajadores se vea prolongada en un tercer escalón formado por los propios usuarios, que permanecen subordinados a los trabajadores. En consecuencia, la idea esencial del sindicalismo como defensa del más débil tropieza aquí con una primera contradicción: en las cárceles, los más débiles no son los trabajadores, sino los «usuarios» no voluntarios del servicio en la medida que pueden ser objeto de toda clase de abusos por parte del personal de custodia.

En este sentido, y antes de continuar, es necesario detenerse un momento en averiguar la naturaleza de este personal de custodia, es decir, quiénes son y cómo son los funcionarios de prisiones. Y aquí, una vez más, nos hemos de remontar al pasado para entender la diferencia entre el funcionario y el carcelero y poder justificar nuestra postura, a saber: que no puede existir, porque es contradictorio consigo mismo, un sindicato de carceleros.

En efecto, a pesar de que las prisiones existen desde la antigüedad y se puede seguir su evolución hasta la época moderna, el concepto genérico de cárcel se basa en un equívoco. El único elemento conceptual común entre la antigua cárcel medieval y el centro penitenciario moderno es la reclusión oficial de personas contra su voluntad, y la consecuente vigilancia de este colectivo por un personal de custodia. En los sistemas penales premodernos no existe una pena de privación de libertad, la cárcel tiene una mera función procesal de retención del acusado hasta el juicio y la aplicación de la pena. Este hecho determina la naturaleza de su personal que, además de vigilar, ha de torturar a los detenidos sistemáticamente con el fin de obtener su confesión. El carcelero y el verdugo, son, en consecuencia, primos hermanos y su labor implica, por definición, provocar dolor físico y/o psicológico a una persona más débil y, en muchos casos, inocente.

En cambio, el centro penitenciario fue concebido en origen como un lugar específico para la aplicación de lo que ha sido la sanción reina en los sistemas penales de la modernidad: la pena de privación de libertad, establecida como medio de castigar, corregir y propiciar el arrepentimiento y la reforma moral del transgresor. El castigo se define así por la propia privación de libertad y no por un dolor añadido que se deba aplicar en el interior de los muros de la prisión. Entre los carceleros y los funcionarios de vigilancia sólo existe en este sentido un elemento común: la custodia de los condenados y, en todo caso, la de los preventivos, a los que protege la presunción de inocencia. El espíritu de la institución moderna supone que el personal de vigilancia debe tener un comportamiento moral que sirva de ejemplo a aquellos que la prisión ha de corregir, lo que excluye aquello que ha sido, a lo largo de los siglos, el temperamento característico de la figura del carcelero.

El problema que nos hemos de plantear entonces es el de identificar los caminos tortuosos que han conducido a la fusión de roles entre los conceptos «ideales» de carcelero y funcionario penitenciario, la cual ha dado lugar a la figura contemporánea real del funcionario de prisiones. Así, por un lado, encontramos el fenómeno específicamente moderno de los totalitarismos, que han convertido la prisión y otras entidades institucionales similares (campos de concentración, gulags, etc.), en lugares que presentan equivalencias funcionales macabras con las prisiones tradicionales, superándolas, en muchos casos, en la eficacia y el refinamiento técnico-racional de la crueldad. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo que hemos dicho desde el principio, a saber, que nuestro tema sería aquí el del punitivismo que surge espontáneamente de la prisión, y no el que emana de instancias ajenas a la institución penitenciaria en cuanto tal, y este es el caso del totalitarismo, lo que hay que explicar es la constante reaparición de la figura del carcelero, o de su fantasma, en el seno de las prisiones democráticas.

Según Vicente Garrido Genovés; «en un estudio efectuado por Poole y Monchick (1976) se observó que la prisión, experimentando un alto conflicto de rol, se caracterizaba por una baja motivación de los funcionarios, baja adhesión a la ideología de tratamiento y un alto apoyo a la orientación de custodia y control». Sin entrar en una teorización que no puede ser abordada en este estudio, diferenciaremos aquí entre dos tipos de explicaciones de este fenómeno: 1) la explicación estructural, que buscaría las causas en los procesos vinculados en la naturaleza misma de la prisión y su ubicación en el seno de las sociedades industrializadas contemporáneas, y 2) la explicación histórica, especialmente coherente en el caso español, donde los funcionarios de prisiones se convierten en los herederos de instituciones carcelarias anteriores que reúnen elementos propios del totalitarismo pero también de las consecuencias de una insuficiente modernización característica de países de compleja y lenta industrialización. En definitiva, la prisión democrática arrastraría, en el Estado español, los patrones característicos de los carceleros premodernos, los cuales, atendiendo al bajo desarrollo económico y cultural de la sociedad española en relación con las naciones punteras de la modernidad, se habrían ido reproduciendo durante siglos, desde el punto de vista sociológico, en el interior de los centros penitenciarios.

Dicho esto, y aceptado, aunque no suficientemente explicado, el hecho de que la figura del carcelero se reproduce (sociológicamente) a partir de factores de identidad estructural tales como la función de custodia, y de factores históricos que se remontan a las sociedades premodernas pero también a los regímenes dictatoriales o totalitarios modernos, lo que nos interesa analizar es la relación entre la idea de sindicalismo como defensa del más débil y el sindicalismo penitenciario en tanto que institución vinculada a los funcionarios de prisiones y, por lo tanto, a los restos de los roles comportamentales carcelarios. La cuestión es la actitud que el sindicalismo ha de adoptar ante el factum de la figura del carcelero, y aquí nos encontramos con dos posibilidades básicas: (a) el sindicalismo opera como factor educativo ante una tendencia que emana del propio colectivo de funcionarios, tratando de modificarla en la medida que atenta contra los principios del sindicalismo en cuanto a tal; (b) el sindicalismo, actuando desde criterios puramente pragmáticos tales como volumen de afiliación, popularidad y representatividad, fomenta y legitima los valores del carcelero, entrando en contradicción con el concepto mismo de sindicalismo y generando, de esta forma, una suerte de monstruo organizativo que utiliza las instituciones democráticas donde el sindicalismo mismo se fundamenta, por ejemplo el artículo 7 de la Constitución, para atacar el espíritu de los propios valores democráticos.

El crecimiento de USO Prisiones-USIP en términos de afiliación e influencia «doctrinal» se basa en una «hábil» utilización político-ideológica de los conflictos laborales y en la identificación demagógica de las ideas progresistas de la Generalitat de Catalunya con los problemas y carencias profesionales que sufren los funcionarios de prisiones. Bajo la suave presión adoctrinadora cotidiana de los boletines sindicales, el personal interpreta que la defensa de sus intereses pasa por el rechazo de la rehabilitación y el regreso a las épocas de mano dura cuando «el funcionario era respetado y tenía autoridad en las galerías». En lugar de actuar como fuerza moderadora y educativa de humanización, incidiendo en lo que hemos denominado factor heredado y factor estructural de la prisión moderna, USO-USIP se dedica a atizar el fuego del conflicto, legitimando la figura del carcelero y explotando los rendimientos electorales que producen estos ataques a la política de la Dirección General. USO-USIP se presenta así, ante los funcionarios, como la forma pura del sindicalismo, definida en términos de genuina independencia de los poderes establecidos. En realidad, lo que hay que aclarar es que esta independencia supuesta incluye la del espíritu de la Constitución y, por tanto, los fundamentos del sindicalismo, por no hablar de la idea de defensa del más débil, la cual produce carcajadas a unos individuos que se vanaglorian de su permiso de armas y descalifican las funciones tutoriales como mariconadas pedagógicas. Se produce, en definitiva, a consecuencia de la lógica conflictividad entre funcionarios y reclusos, siempre latente pero de esta forma ideologizada y a la postre bendecida, «derechización» de las mentalidades que se retroalimenta y viene a aumentar los niveles afiliativos y el prestigio del sindicato punitivista. Desde su fundación en 1991, USO-USIP ha extendido su influencia sobre 500 funcionarios de vigilancia, aproximadamente ¼ parte de la dotación de la Generalitat en este medio. En las elecciones sindicales de 1994 obtuvo el 26% de los votos del sector, ante el 21% de CCOO, el 18% de la CSIF y el 15% de UGT. Las elecciones sindicales de noviembre de 1998 han confirmado y ampliado esta hegemonía de la mano dura sindical (31%) con el hundimiento de centrales como la CSIF (8%) y, sobre todo, el SAC (2%). Al otro lado de USO, sólo CCOO aumenta su representación (del 21 al 25%).

Por crisis del sindicalismo penitenciario entendemos un proceso generalizado de alteración de las reglas de juego entre las fuerzas sindicales, en virtud del cual el grado de autenticidad del sindicalismo se mide por la gravedad de los ataques a la línea política marcada por las autoridades, con todas las consecuencias que comporta esta opción cuando la línea en cuestión es precisamente la de humanizar las prisiones reduciendo al mínimo necesario los elementos punitivos. Algunos sindicatos democráticos se han visto tentados, siguiendo esta peligrosa senda, a explotar el filón descubierto por USO-USIP, reclamando como fue el caso de CCOO, más dureza y castigos contra los reclusos (doc. 35). Afortunadamente, las denuncias repetidas de ADECAF, asociación profesional fundada el año 1996, y la aparición en la prensa de distintos artículos donde se ventilaban estos temas, hicieron cambiar de parecer a la mayoría de las centrales democráticas que, a pesar de todo, contemplaban el avance de USO-USIP con una mezcla de envidia e impotencia. Finalmente, se ha de reconocer que CCOO ha realizado en los últimos meses un esfuerzo en la dirección contraria reivindicando las funciones pedagógicas como elemento central de un programa alternativo al del Sr. Allué. En estos momentos, y con los resultados electorales en la mano, CCOO representa la última esperanza de frenar el proceso de involución iniciado en Cataluña por USO-USIP, un proceso cuyo resultado ya se comienza a sentir en el resto de prisiones del Estado, donde el número de denuncias por torturas aumenta cada año. 

V.- LA CRISIS DE USO COMO SINDICATO DEMOCRATICO

La hegemonía del círculo de Allué no tiene solamente efectos en las prisiones, sino también en el interior de la organización nacional de la USO de Cataluña (USOC). La USIP ha podido controlar, gracias a su crecimiento fulgurante, la Federación donde se integran los funcionarios de la Administración autonómica, local y central (Unión Sindical de los Trabajadores de la Administración, USTA-USO), nombrando Secretario General a Angel Colmenar Launes como premio a su exquisita coherencia entre teoría y práctica. No es casual que el nombre escogido para el boletín de la sección de la Generalitat controlada por Colmenar sea AMUNT (doc. 16), traducción al catalán del nombre del antiguo diario franquista ARRIBA, hecho éste que en su momento levantó la indignación del resto de los sindicatos, que percibieron perfectamente el sentido del mensaje. El encarcelamiento por estafa de Víctor Casado (que al parecer cumple condena en la prisión de Guadalajara), quien durante el año 1992 fue Secretario General adjunto de USO Prisiones-USIP, ejerciendo hasta ese momento de mano derecha de Manuel Allué, no afectó demasiado la imagen y el prestigio del sindicato, que dispone de un núcleo de personas que operan con un sentido sectario de la complicidad y por eso se mantienen inmunes ante cualquier tipo de escándalo. Pensemos que Angel Colmenar disponía de permiso de armas hasta que la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació impidió que se le renovara la autorización. Es preciso recordar, además, que de la USIP también forman parte elementos de Brigadas Blanquiazules, Alianza por la Unidad nacional (AUN) de Sáez de Ynestrillas, CEDADE y otros grupos ultraderechistas. A estos hechos se refería un articulista de EL PAIS cuando afirmaba (10-11-97, doc.13) que «este sindicato había absorbido residuos sindicales del franquismo». La USO-USIP, en efecto, ha heredado las viejas formas de los sindicatos predemocráticos, lo que significa que no sólo los presos sufrirán las consecuencias, sino que los mismos funcionarios tendrán que pagar bien cara su dependencia de una mafia de estas características (este podría ser el caso de algunos de los funcionarios afectados por el proceso por lesiones al interno Miguel Angel R.M., que sin ser ellos mismos partidarios de la mano dura, pudieron verse atrapados por los efectos del irresponsable discurso sostenido por Allué y Colmenar).

No es de extrañar, pues, a la vista de todo lo expuesto, que tarde o temprano la USO-USIP tropezase con alguna resistencia seria en su proceso de expansión. A principios de 1994, un grupo de funcionarios interinos que ignoraban cuál era el verdadero alcance de los criterios ideológicos de USO-USIP, ingresaron en el sindicato dispuestos a trabajar. La defensa que realizaron de las funciones pedagógicas y la plena integración de los funcionarios de prisiones en la sociedad catalana, provocaron graves enfrentamientos con la ejecutiva de la USIP y, al final, la salida de esta corriente que a principios de 1996 se conviertió en el origen de la Associació Democràtica Catalana de Funcionaris de Presons (ADECAF) e inició una sistemática labor de denuncia contra la USIP con la publicación en el diario AVUI del artículo El sindicalisme penitenciari (28-2-96). USO-USIP publicó pocos días después su respuesta en el mismo AVUI, negando toda vinculación con la doctrina de la mano dura. En febrero de 1997, insatisfechos con una mera réplica periodística, elementos del sector de mano dura «filtraron» al semanario EL TRIANGLE un conjunto de des-informaciones donde se acusaba falsamente a Jaume Farrerons y Eduard Serra, fundadores de ADECAF, de haber militado en el pasado en diferentes grupos neonazis y de haber sido expulsados de USO-USIP por la defensa de posturas antidemocráticas. Aportada a la redacción del semanario la verdadera información sobre la procedencia política de los fundadores de ADECAF, el director de EL TRIANGLE reconoció haber sido manipulado por un grupo de dudosa naturaleza ideológica y rectificó inmediatamente mediante una nota con el siguiente título «Rectificar es de sabios, no son ni eran nazis» (doc. 14.B). A partir de ese momento, individuos no identificados se han dedicado a distribuir dossieres manipulados a diferentes personalidades de la vida pública catalana, a efectos de desprestigiar la dirección de ADECAF sin riesgo legal alguno y, sobre todo, sin miedo a sufrir los efectos de réplicas ridiculizadoras como el caso de EL TRIANGLE. Hete aquí la única forma de debate y defensa de sus posturas que sabe y puede utilizar una mafia pseudosindical de tales características.

La crisis de USO-USIP, por lo tanto, comienza cuando una parte del personal de vigilancia descubre la naturaleza perversa de su influencia y sus objetivos y entiende que la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones no pasa por el regreso al infierno de la prisión punitivo-custodial, sino más bien y al contrario, por la defensa de las funciones pedagógicas y la humanización y dignificación de la institución penitenciaria en general, lo que demanda en primer lugar un temperamento y una forma de actuar contraria a la que proponen Allué y Colmenar. Con la publicación en el diario EL PAIS (10-11-97, Mano dura con los presos) de un artículo donde se denuncia la postura reaccionaria de USO-USIP, se dio un paso decisivo hacia el conocimiento público de lo que ha sido la verdadera historia sindical de la sección penitenciaria de USO, de su ideología y de sus prácticas. Una historia que es también la de nuestras prisiones y la del difícil proceso de democratización del sistema penitenciario contemporáneo, que ha devenido incompatible con la figura del carcelero y demanda un nuevo concepto de vigilancia, armónico con el sentido humanizador de la rehabilitación y la reinserción social de los reclusos proclamado por la Constitución.

Evidentemente, la resolución de esta crisis afecta a la USO como institución sindical, y es por este motivo que se debe interrogar sobre cuál ha sido la actitud de la dirección nacional y confederal del sindicato ante todo el conjunto de denuncias aparecidas en los diarios AVUI, EL PAIS, EL PERIODICO y la revista TIEMPO (Docs. 12, 26,13 y 31, 25 y 15 respectivamente). Pues bien, en una nota aprobada por la Ejecutiva Nacional de la Unión Sindical Obrera (doc. 27) con el beneplácito del Sr. Jordi Sansalvador, entonces secretario general de la USO de Cataluña, se afirmaba que el «sistema penitenciario norteamericano no existe» y que «es tendencioso decir que son incompatibles las medidas de seguridad con el tratamiento». Sin embargo, ya hemos visto que en 1993, en la REVISTA DEL VALLES, Allué firmaba un artículo donde sostenía que «el sistema penitenciario norteamericano o alemán imprimen más seriedad al tema», y que un boletín de 1992 definía la alternativa USO sosteniendo que las tutorías y los equipos multidisciplinares «atentan directamente contra la operatividad penitenciaria». Debemos preguntarle al Sr. Allué cómo es posible que un sistema que no existe sea más serio que el catalán y cómo puede ser la seguridad compatible con el tratamiento si al mismo tiempo ésta «atenta contra la operatividad penitenciaria». ¿Es que acaso el cinismo de la directiva de USO Prisiones, se ha hecho extensivo a toda la dirección de la USOC? ¿Es que acaso el Sr. Sansalvador ignoraba la verdadera naturaleza de los criterios ideológicos de los dirigentes de la sección de prisiones? En el segundo caso hubiera sido preciso que la dirección de USO, que es responsable de los planteamientos políticos globales del sindicato, decidiera si los votos y las afiliaciones aportadas por el señor Allué valían más que el descrédito de hacer causa común con los residuos carcelarios del franquismo y, sobre todo, con la ideología punitivista inherente a esas prácticas afortunadamente reducidas a cero por la Generalitat. El señor Allué se ha beneficiado hasta ahora del doble juego consistente en decirle al personal de mano dura lo que éste efectivamente quiere escuchar, y al momento siguiente negar todo lo que ha dicho y denunciar calumnias de la Administración y sus «vendidos» cuando la sociedad le acusa de fomentar las prácticas del carcelero tradicional y de repudiar el espíritu de la Constitución democrática. Este juego ha llegado, sin embargo, al límite de la credibilidad y la tolerancia y ha de ser la Ejecutiva Nacional de USO quien adopte una decisión sobre el tema, bajo el riesgo de convertirse en cómplice y de manchar de sangre (la sangre de los sindicalistas torturados por los carceleros franquistas) toda la institución. La situación de la USOC es cada vez más grave porque el ejemplo del señor Allué, que tenía viejos amigos en la CSIF trabajando desde hacía años en esta operación, atrajo a todos aquellos reaccionarios que recientemente pasaron, expulsados de la CSIF, a USO (doc. 28). La sección de prisiones se convirtió así en un nido de extremistas que esperaban coordinar el asalto a la Secretaria Nacional. Llegó un momento en que no se podía ser progresista y permanecer en USO, ya que si Allué hubiera continuado obteniendo influencia, este sindicato ya no hubiera sido de derecha sino de extrema derecha. Además, el propio Allué fue promocionado, como premio por sus ataques a la Constitución, con el nombramiento de Secretario Nacional de Cataluña, es decir, incorporándole a la mismísima dirección política del sindicato. ¿Nos ha de extrañar, entonces, que muchos afiliados y cuadros de USO se plantearan su marcha a la UGT (doc. 29), siguiendo el mismo camino que durante los años 70 y 80?

Como última muestra del tipo de pseudosindicalismo que practica la sección de prisiones de USO podríamos transcribir textualmente los fragmentos de una nota sindical donde se critica que los sindicatos CCOO, UGT, CSIF hayan aceptado continuar negociando en la Mesa sectorial de prisiones. La nota en cuestión, del día 10 de febrero de 1998, se titula significativamente «Nos han vendido», y acusa de a los sindicalistas democráticos en los siguientes términos «no vamos a dejar solos negociando a gente que se vende a bajo precio, gente que deben favores, o que los van buscando (...) Desconocemos ahora (es demasiado pronto) el precio, pero a todo cerdo le llega... Habrá en cualquier caso que mirar en sus bolsillos». Todos sabemos cuál es la concepción que tiene USIP de las relaciones laborales en el ámbito penitenciario: se trataría de una película de buenos (los carceleros) y malos (los políticos democráticos) donde sólo se puede añadir el papel del vendido a los malos (los funcionarios y sindicalistas que desprecian al Sr. Allué). Así pues, únicamente hay dos opciones en este discurso radical: o militar con el sindicato del Sr. Allué, o ser un «vendido», así de fácil. Quien no esté de acuerdo con los planteamientos sindicales de la USIP porque considera que están equivocados o son regresivos, o porque sencillamente cree que existen otras vías sindicales honestas para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, no es una persona que sostiene ideas diferentes, más o menos válidas, sino… un vendido. Dentro de este universo mental en blanco y negro se pueden encontrar frases como las que se reflejan en el siguiente comunicado: «gilipollas, no lo somos, sois vosotros los que habéis destapado la caja de los truenos y, ahora, os aseguramos que no habrá Dios que la tape». La USIP, desde su pureza absoluta, amenaza a los corruptos, que no comparten la fe religiosa en el Sr. Allué, con la destrucción inmediata; siguiere, para aumentar rápidamente los niveles afiliativos y obtener beneficio de «todos aquellos funcionarios y funcionarias que se hayan sentido engañados o engañadas no tanto por el resultado (bochornoso) sino por la táctica empleada» que se unan a la secta de la divinidad verdadera, y añade: «ahora ya sabemos quién es quién... quién vende y quién no vende, cada cual en su sitio». Esperemos que sea así, que esta gente no se vuelva a mezclar con el resto y, sobre todo, que no sigan ensuciando el honor de los funcionarios de prisiones de la Generalitat de Catalunya. Desgraciadamente, el reciente triunfo de la USIP en las elecciones sindicales de noviembre de 1998, y sobre todo el hundimiento del resto de sindicatos, excluido CCOO, nada bueno hace presagiar en el cielo de estos profesionales que, después de veinte años de democracia, no acaban de desembarazarse de un oscuro pasado que los persigue y pugna por arrastrarlos hacia el abismo.

CONCLUSIONES: DE LA UFIP A LA CATAC

A principios de febrero de 1999, y como resultado de la publicación del presente informe, el sindicato USO-USIP dejó de existir. Sin embargo, de este hecho no cabe concluir que el objeto de nuestro estudio haya desaparecido. Porque, por un lado, el sindicalismo penitenciario de mano dura es un tema no limitado a una sola central sindical, sino una potencialidad permanente en este ámbito sociolaboral. Además, por otro lado, los señores Allué y Colmenar, siguiendo una estrategia que ya han aplicado en diversas ocasiones, se han limitado a realizar una operación de transfuguismo incorporando la USIP a otra organización no desgastada por los continuos ataques en los medios de comunicación que había venido sufriendo la USO desde el año 1996 en que se fundó ADECAF. En pocas palabras, los mismos dirigentes que antes estaban en la USO, ahora han pasado a otro sindicato, la CATAC, de débil implantación en el medio penitenciario y por ello deseoso de «acoger» a las huestes de Manuel Allué, derrotadas pero muy numerosas. Por si fuera poco, el mencionado individuo ni siquiera se ha molestado en modificar las siglas USIP, de manera que, donde antes decía USO-USIP, ahora se dirá CATAC-USIP y continuaremos teniendo, en Cataluña, un sindicalismo penitenciario de mano dura que sólo se extinguirá de forma definitiva cuando las grandes organizaciones sindicales dejen de actuar de acuerdo con meros criterios de votos y afiliación y se nieguen en redondo a tolerar en su seno ciertas ideologías antidemocráticas. Entendemos, en este sentido, que el Sr. Luís Blanco, Coordinador General de la CATAC, se ha convertido en cómplice de un nuevo lavado de cara de la mafia sindical carcelaria y debe por ello ser denunciado ante la opinión pública como lo fue la cúpula de USO mientras dio cobertura a la política de mano dura del Sr. Allué y sus acólitos (una política que los dirigentes de USO, pese a la escisión de la USIP, no han condenado en ningún momento y de la que son, por tanto, totalmente co-responsables).

Dicho esto, consideramos necesario sintetizar en pocas palabras en qué sentido el informe de ADECAF a Amnistía Internacional puede ser de interés para esta organización no gubernamental de defensa de los Derechos Humanos.

Como puede verse, nuestro informe no consiste en una denuncia de violaciones concretas de los derechos humanos, torturas o malos tratos, imputables a la Administración Penitenciaria, en este caso catalana, como pudieran dar a entender ciertos titulares de prensa. Ya hemos aclarado que la Dirección General de prisiones de Cataluña no es responsable, por acción u omisión alguna, del fomento de la mano dura por parte de una organización sindical cuya independencia ideológica viene protegida por la Constitución Española. La Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació sólo es responsable directa de una política de personal que, en nuestra modesta opinión, ha manifestado evidentes deficiencias en materia de selección y formación de los funcionarios de custodia precisamente porque menosprecia el papel que estos profesionales desempeñan en la vida cotidiana de una prisión. En definitiva, lo que denuncia nuestro informe es la ideología de un sindicato, la USIP, pero no como tal ideología, sino en cuanto a las consecuencias que, en materia de derechos humanos, puede comportar en el trato entre funcionarios y reclusos. La pregunta sería entonces: ¿qué efectos posibles puede tener la expresión de las doctrinas punitivistas, aunque sólo sea a guisa de consignas, en el interior de una prisión?

Para responder a la cuestión planteada, daremos un breve rodeo por el único caso concreto de malos tratos recogido por nuestro informe (vid. Doc. 31). Este caso es significativo para nosotros por dos motivos completamente diferentes: (1) Porque el principal imputado era, además de jefe de servicios encargado del personal de custodia la noche en que sucedieron los presuntos hechos, el «número dos» de USO-USIP y el responsable de la publicación de los boletines a través de los cuales se vehiculaba la doctrina de mano dura, la cual llegaba así directamente a los funcionarios en el seno mismo del recinto carcelario y con total impunidad; (2) Porque los hechos fueron denunciados por otro funcionario de prisiones, I. .C., con lo cual se hizo posible que el procedimiento judicial avanzara hasta el procesamiento, es decir, que no fuera archivado en la fase de diligencias previas. Sobre el punto (1) ya hemos hablado lo suficiente a lo largo del texto, y no vamos a insistir más en la caracterización de la ideología punitivista de la USIP. Ahora nos interesa, sobre todo, el punto (2), porque será el que nos permitirá responder a la pregunta central del presente apartado.

A nuestro entender, la doctrina punitivista puede generar o estar generando ya entre los funcionarios de prisiones un consenso ideológico que permitiría encubrir, a la hora de redactar los informes disciplinarios, posibles violaciones de los derechos humanos que, practicadas sólo por una minoría del personal de custodia, convertiría a toda la plantilla en cómplice de tales abusos, imponiendo una «ley del silencio» tras la cual se escondería una cifra negra de malos tratos indetectable por las autoridades judiciales.

En efecto, la situación descrita por el documento 31 parece relevante en este aspecto en la medida en que fue un funcionario de prisiones quien rompió el mencionado «consenso ideológico» y violó la «ley del silencio» que puede estar amparando a la minoría de mano dura. Las consecuencias desastrosas en el plano laboral que, para los funcionarios que cumplen con su deber, se derivan de tales denuncias, sólo son posibles si impera una ideología punitivista que castigue a los «colaboracionistas» creando alrededor de ellos un «vacío moral» en el que participen todos los «compañeros» y convierta la vida de estos funcionarios así estigmatizados en un auténtico infierno. Si pensamos, por otra parte, que muchos de los malos tratos tal vez encubiertos por el punitivismo pueden ser de naturaleza psicológica y no dejan huellas visibles en el cuerpo de las víctimas, se comprenderá que la ideología de la USIP no sea un elemento inocuo, algo de naturaleza puramente intelectual, sino un arma de terribles efectos potenciales, que además se articula mediante una organización sindical con poder para influir, por ejemplo, sobre la continuidad laboral de ciertos funcionarios interinos, «negociable» con la Dirección General de prisiones. En pocas palabras, nos encontramos ante un fenómeno poco menos que inaprehensible, escasamente estudiado desde el punto de vista sociológico o de la ciencia penitenciaria, pero de dimensiones inmensas porque puede estar determinando el fracaso de las políticas de rehabilitación y humanización sin haber sido, hasta ahora, identificado por los responsables de dichas políticas.

Hemos seguido el hilo del punitivismo desde su «teoría» o discurso a su práctica real, pero hay que decir que el proceso de génesis del punitivismo es exactamente el inverso. La operatividad del punitivismo como práctica del carcelero comporta una función ideológica o de adoctrinamiento. Los carceleros sólo pueden seguir actuando como tales en la confianza de que están rodeados por otros carceleros dispuestos a encubrirles. La estructura de grupo que el carcelero quiere para sí reproduce, uno por uno, todos los elementos de la subcultura carcelaria delincuencial: el kie, el principio de la fuerza (subvaloración los funcionarios de sexo femenino), la jerarquización, el uso de la violencia, el desprecio a los funcionarios «cobardes», el ultraderechismo y el anticatalanismo, la estigmatización como «chivato» del funcionario que se atiene a la legalidad, etcétera. Para que esa seguridad de grupo sea espontánea y automática, es necesario un punto de referencia lingüístico, una serie de consignas, ideas, creencias y sentimientos (connotaciones) comunes. Ahora bien, sólo una organización sindical mayoritaria que disponga de cierta infraestructura, puede llegar con sus escritos, combinando las reivindicaciones laborales con los mensajes punitivistas, a todos los rincones de un determinado ámbito de la administración penitenciaria. Es en este punto donde puede generarse el espacio simbólico que convierta en víctimas potenciales no sólo a la totalidad de los internos, sino a los propios funcionarios, tanto más débiles profesional y moralmente cuanto más inestable sea su situación laboral (en 1997 el 40% de los funcionarios de prisiones catalanes eran interinos). Una pequeña minoría de carceleros veteranos, encaramados a las cúpulas de la organización sindical, podrían de este modo tiranizar a la mayoría del personal y, a través de este dominio, ejercer las deseadas relaciones de poder sobre la población reclusa.

El punitivismo, en definitiva, no es una mera ideología, sino ante todo una praxis que requiere de cierto discurso y de ciertas instituciones como medio para generar las condiciones que la hacen posible. En los estados totalitarios, dichas condiciones vienen dadas por la propia naturaleza política de la sociedad; el problema, para los carceleros, surge cuando una dictadura se derrumba y quieren seguir existiendo como tales carceleros en un marco democrático. La única institución legal que puede amparar entonces las funciones ideológicas y organizativas del punitivismo es el sindicato, y a la institución sindical vienen aferrándose los carceleros franquistas desde la época de la transición. Es por tanto el sindicalismo penitenciario en su conjunto el que debe tomar una decisión sobre esta cuestión, pero esto sólo sucederá si fuerzas ajenas al propio sindicalismo en general, e incluso al mundo carcelario, inciden sobre el fenómeno que estamos denunciando y obligan a reaccionar a las organizaciones y a los individuos. Por todo ello, entendemos que puede ser decisiva la intervención de Amnistía Internacional condenando la ideología de la USIP no tanto por su cuestionamiento de la rehabilitación «en abstracto» como por los efectos y las funciones que este discurso puede desempeñar en el futuro o estar ya desempeñando en la vida cotidiana real de las cárceles catalanas.

 
Barcelona (Cataluña), 28 de Febrero de 1999