Todos los grupos, excepto CiU piden a Justícia que rectifique.

PERE RIOS

Barcelona

El Departamento de Justícia de la Generalitat ha vetado la entrada a las cárceles catalanas a un grupo de juristas que pretendían realizar una investigación y un informe sobre la situación de la prisiones en Cataluña. Justícia argumenta que está dispuesta a colaborar con estos juristas, pero sin que visiten las cárceles. El departamento considera, además, que no pueden atenderse todas las peticiones que se hacen para entrar en este sentido.

La petición para visitar las prisiones de Cataluña la realizó hace unos meses el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, un colectivo formado por una treintena de profesores de Derecho y otras disciplinas de la Universidad de Barcelona. Se trata de un grupo de trabajo creado para analizar el trato que otorgan el Derecho Penal, la policía, la justicia y el sistema penitenciario a los problemas que se plantean en la sociedad actual, ademas de contribuir a promocionar la cultura de los derechos humanos.

Hasta ahora, el observatorio había organizado jornadas de debate y con el paso de los meses acordó realizar varios trabajos de investigación. Uno de ellos se refería a la situación en las cárceles de Cataluña, enmarcado en un proyecto financiado por la Unión Europea y que también se desarrolla en Portugal, Grecia, Italia y Gran Bretaña.

Este trabajo de investigación recibió el apoyo de los rectores de varias universidades españolas, colegios de abogados de diversas ciudades, asociaciones de derechos humanos, ayuntamientos y otras instituciones. Para poder realizar su estudio, el observatorio reclamó el permiso de la Generalitat, que es la administración que tiene transferidas las competencias penitenciarias. Iñaki Rivera, catedrático de Derecho penitenciario e impulsor del proyecto, explicó ayer que los autores del estudio pretendían pasar un día en cada cárcel de Cataluña, reunirse con los funcionarios y los presos y facilitarles un cuestionario para que, quien quisiera, lo rellenase. “¿Hay algo que ocultar? Espero y deseo que no”, indicó Rivera.

Después de varios meses de promesas y buenas palabras, Justícia acabó vetando a los juristas. Delfi Guàrdia, explicaba en una respuesta parlamentaria a la diputada de ERC Carme Porta: “Los servicios públicos penitenciarios ya tienen los mecanismo necesarios de inspección y control previstos en nuestro ordenamiento jurídico y no pueden atender las peticiones que periódicamente se formulan desde diversos sectores”. El consejero entiende que el control parlamentario, la tutela de los jueces de vigilancia penitenciaria, las inspecciones que realiza el Síndic de Greuges y algunas visitas que lleva a cabo el Comité Internacional para la Prevención de la Tortura ya son suficientes.

Los grupos representados en el Parlament, sin embargo, no opinan igual y todos ellos, a excepción de CiU, presentarán hoy una proposición no de ley en la Cámara instando al Gobierno catalán a facilitar los trabajos del observatorio, “según recomendaciones europeas”.

La moción recuerda que en 1999, cuando Jaime Mayor Oreja era ministro del Interior se permitió la entrada a las prisiones del resto de España a un grupo de personas de la Asociación Pro Derechos Humanos para realizar un estudio similar que fue incluso publicado. “¿Cómo explicaremos luego a Europa que el Gobierno catalán es el único que veta una iniciativa de este tipo?”, remató Iñaki Rivera.

ABC

BARCELONA.

Un grupo de juristas y investigadores, agrupados en el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (UB), ha denunciado ante el Síndic de Greuges y el Parlament la actitud “hostil” de la Generalitat al denegar en reiteradas ocasiones su acceso a las cárceles catalanas, con el objetivo de comprobar la situación de los reclusos. Ante los impedimentos denunciados, los componentes del Observatorio acudieron ayer a la vía legislativa para conseguir su propósito e impulsar una proposición no de ley apoyada por todos los partidos del arco parlamentario, a excepción de CiU.

En el texto de la proposición recuerda el proyecto del Observatorio -organismo auspiciado por la comisión de Política Científica de la UB y presidido por el jurista experto en la materia Iñaki Rivera- cuenta con la adhesión de rectores de universidad de toda España, de colegios de abogados, de distintas asociaciones de juristas y de defensa de los derechos humanos, así como de instituciones, ayuntamientos y otras entidades de Italia, Grecia, Portugal y Gran Bretaña.

Este organismo creado en Barcelona se enmarca en un proyecto global de constitución del Observatorio Europeo de Ejecución Penal, cuya meta es hacer un seguimiento de las condiciones de los centros penitenciarios y velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Con el fin de elaborar un informe sobre la situación de la prisiones catalanas y las condiciones de encarcelamiento, el Observatorio pidió varias veces al Departamento de Justicia autorización para visitar las cárceles pero la conselleria se negó, según asegura Iñaki Rivera, lo que ha motivado las quejas al Síndic de Greuges y el Parlament. La última negativa se produjo el pasado 18 de marzo, cuando el Secretario de Ejecución Penal, Ramón Parés, respondió vía carta que para realizar un trabajo de estas características no hace falta entrar en la cárcel.

Según el texto de la misiva, siguiendo indicaciones del conseller Josep Guàrdia, “en los últimos años se han llevado a cabo diversas investigaciones del ámbito penitenciario sin ninguna necesidad de acceder al interior de los centros penitenciarios”. Parés agrega que existe un buen número de instituciones, organismos y personas que “constituyen garantía suficiente para supervisar las condiciones de cumplimiento”.